sábado, 2 de abril de 2016

EX COLABORADOR DEL CHAPO GUZMAN BUSCA LOS BENEFICIOS DE LA JUSTICIA GRINGA, SE DECLARA NO CULPABLE

EX COLABORADOR DEL CHAPO GUZMAN BUSCA LOS BENEFICIOS DE LA JUSTICIA GRINGA, SE DECLARA NO CULPABLE

Confinado a una celda de 2 metros por uno, y en completo estados de aislamiento, Víctor Emilio Cázares Salazar se prepara para enfrentar al sistema de justicia estadunidense, a sabiendas que están en juego al menos diez años de su vida, aunque en este momento lo que más desea el narcotraficante es salir de esa oscuridad y ese silencio a que está siendo sometido, antes de enfrentar al Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ… y a Michael Kaplan, uno de los fiscales más voraces de San Diego.
Víctor Emilio Cazares Salazar, que en su momento fue uno de los capos más poderosos del Cártel de Sinaloa, se declaró no culpable de cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación delictuosa, al ser presentado la semana pasada ante un juez en una corte federal de San Diego.
Tras su no aceptación de culpa, Cazares Salazar fue conducido a una celda aparte del resto de los internos, mientras que en el juzgado se fijaba para el próximo 4 de abril como la nueva fecha para la siguiente audiencia preliminar.
“Mi cliente está bien, claro que está acostumbrado a ese aislamiento, y en este momento nos estamos preparando para la siguiente audiencia, y en espera que el señor Cázares sea puesto con el resto de los internos”, dijo a Ríodoce Jan Ronis, abogado de Víctor Emilio.
El narcotraficante, considerado por la DEA como uno de los principales operadores de Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, líderes del cártel de Sinaloa, fue extraditado de México a Estados Unidos el 7 de marzo pasado, y desde entonces se encuentra confinado en el Centro Correccional de San Diego, y completamente aislado del resto de los internos.
“Nosotros como los abogados defensores, esperamos que pronto sea integrado con el resto de los internos”, señaló Ronis.
El Centro Correccional de San Diego, localizado en el centro de esa ciudad fronteriza, es la misma prisión que en su momento resguardaron a Rodrigo Aréchiga Gamboa, el Chino Ántrax, lo mismo que a Serafín Zambada Ortiz el Sera, y ambos capos terminaron integrándose al programa de Testigos Protegidos.
De acuerdo con la defensa, el primer paso fue declararse no culpable, para a partir de ahí definir cómo enfrentarán a la fiscalía, y qué es lo que más conviene a Cázares Salazar.
“Cualquier decisión que se tome será en consecuencia de los mejores intereses de mi defendido”, dijo Ronis.
Se espera que durante las primeras audiencias preliminares se defina qué tipo de pruebas tiene la fiscalía contra Víctor Emilio, a quien apodan el Licenciado, para determinar entonces si conviene enfrentar a la fiscalía, lo cual dependerá del tipo de evidencia que vayan presentando.


Larga espera

Tuvieron que pasar tres años de un supuesto confinamiento —nunca fue presentado a la opinión pública, como se hace en otros casos, y su reclusión en México fue un misterio— para que la extradición de Cázares Salazar, por fin se diera, según consta en el expediente 149/2014, radicado en el Segundo Tribunal Colegiado, en el que la defensa mexicana del narcotraficante interpuso una serie de amparos para evitar su extradición.
Pero era demasiada presión; dos expedientes lo reclamaban en Estados Unidos; uno del Distrito Sur de California, y el otro del Distrito Sur de Nueva York.
Según el primer documento, integrado por 23 páginas, la fracción que comandaba Emilio Cázares era el principal distribuidor de Carlos Cuevas Jr, alias  el Sapo o el Negro, que lideraba en la zona conocida como El Centro, del condado Imperial, el cual está localizado en el sur de California.
Según investigaciones de la DEA, la fracción comandada por Emilio Cázares era el proveedor de esa célula, a la cual suplían de metanfetaminas y mariguana principalmente, y según los fiscales, el narcotraficante sinaloense llegó a introducir a Estados Unidos hasta 150 kilos de cocaína, y mil kilos de mariguana mensuales, lo cual es suficiente para sentenciarlo de 20 años de cárcel a cadena perpetua, según el código civil estadunidense.
Pero las acusaciones no se limitan a sólo tráfico de drogas prohibidas, sino, además, lavado de dinero, según se lee en el expediente 07-CR-0449, luego que transfirieran fondos por varios millones de dólares de Estados Unidos a México, y viceversa, con la intención de adquirir o pagar sustancias prohibidas.
Tras la investigación, se realizó una cacería que concluyó con la detención de al menos nueve narcotraficantes, aunque en ese momento Cázares Salazar se les escapó, y no fue sino hasta el 8 de abril de 2012, que el capo fue detenido en Jalisco.
Según fuentes judiciales a las que Ríodoce tuvo acceso, el capo se encontraba preso en la cárcel del Altiplano, en el Estado de México, incluso, llegó a ser vecino de Joaquín el Chapo Guzmán, antes de que éste se fugara por segunda vez, en julio de 2015.
Fue precisamente por una serie de alianzas que Emilio Cázares hizo con el Chapo, que el capo originario de la Majada, municipio de Mocorito, empezó a crecer, según documentos de la DEA.
A partir del 2007  la DEA lo identificó por primera vez, y rápido lo boletinó, según el archivo 07-CR-0449, del cual Ríodoce mantiene una copia, y entonces era uno de los principales operadores de Joaquín Guzmán e Ismael Zambada.
Por ese entonces se dio a conocer que Cazares Salazar movía la droga en México en las llantas de transportes de pasajeros para llevarlas a Estados Unidos, y una vez  en el otro lado, era trasladada en tráileres hacia diferentes ciudades de El Centro, y del Norte del California.
Tras esa detención, su paradero fue un misterio ya que el gobierno mexicano nunca lo dio a conocer, y no fue sino hasta que el diario Los Angeles Times reveló el 18 de mayo de 2012, sobre la detención de Víctor Emilio.
Aunque el desahogo de pruebas puede tardar años, se espera que el juicio siga los mismos pasos de otros capos sinaloenses, que tras declararse no culpables, terminaron aceptando su culpabilidad, y muchos de ellos acabaron integrándose al programa de testigos protegidos.
“En este momento eso no es nuestro caso, sino ver qué evidencias tiene la fiscalía y entonces decidir qué es lo mejor para mi cliente”, finalizó Ronis.
Los delitos por tráfico de drogas, lavado de dinero y delincuencia organizada por los que es acusado Cázares Salazar, podrían alcanzar una pena máxima de hasta cadena perpetua, y una pena mínima de 10 años en prisión.













                           

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